Crecen los conflictos sociales en el país: 194 casos registrados hasta noviembre

La Defensoría del Pueblo ha revelado en su último reporte que el panorama de conflictos sociales en el país es preocupante, con un total de 194 conflictos registrados hasta noviembre de 2024. De estos, 154 se encuentran en estado activo, lo que pone de manifiesto la tensión social que se vive en diversas regiones y sectores del país. La cifra refleja una realidad compleja, donde las demandas de la ciudadanía chocan con la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado y las empresas involucradas. El informe detalla cómo 84 de estos conflictos están en fase de diálogo, mientras que 33 están en un proceso de desescalamiento. Sin embargo, 17 conflictos se encuentran en fase de escalamiento, lo que indica un aumento en las tensiones y un riesgo de que estas situaciones se agraven. La Defensoría ha destacado la importancia de abordar estas problemáticas de manera oportuna para evitar que se conviertan en crisis más profundas. Particularmente preocupante es la distribución territorial de estos conflictos. Loreto se convierte en la región más conflictiva, con 31 casos a la fecha. Entre los temas más candentes se encuentran las demandas de remediación ambiental y la atención a necesidades básicas en comunidades como la nativa Fernando Rosas y la cuenca del río Chambira. Estas situaciones subrayan la urgencia de que el gobierno y las empresas atiendan las preocupaciones de las comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales. De igual manera, Puno, Cusco y Piura presentan cifras significativas de conflictos sociales. La diversidad de estos casos también resalta la complejidad de las causas subyacentes, que van desde demandas ambientales hasta cuestiones relativas a la gobernanza. El informe revela que los conflictos socioambientales, que representan más de la mitad de los casos, son el principal motor de la insatisfacción social, evidenciando la necesidad de un enfoque más sostenible y responsable en la gestión de recursos naturales. El papel del diálogo en la resolución de conflictos es fundamental, ya que el 54.5% de los conflictos activos están siendo atendidos mediante este mecanismo. No obstante, es alarmante que una gran parte de estos conflictos aún permanezca sin solución. La resolución de seis conflictos en noviembre, entre los cuales se destaca el caso del megapuerto de Chancay, demuestra que el diálogo puede ser efectivo, pero también resalta que estos esfuerzos deben ser continuos y comprometidos. Por otro lado, el reporte menciona un aumento en las acciones colectivas de protesta, con un total de 236 registradas en noviembre. Las movilizaciones en torno a la Cumbre APEC evidencian que la ciudadanía está dispuesta a levantar su voz en defensa de sus derechos y demandas. Las protestas, en su mayoría, han tomado la forma de plantones y huelgas, lo que indica una creciente organización social para hacer frente a las injusticias percibidas. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas a diversas entidades estatales y empresas, buscando que estas actúen con celeridad en la atención de los conflictos. Sin embargo, la efectividad de estas alertas dependerá de la voluntad del Estado y de las organizaciones involucradas para tomar acciones concretas que atiendan los problemas en juego. A pesar de los esfuerzos de mediación y supervisión por parte de la Defensoría, la insatisfacción social sigue siendo un reto persistente. La falta de respuestas a las demandas de las comunidades, especialmente en aspectos referentes a la salud, educación y medio ambiente, podría llevar a un recrudecimiento de las tensiones. Es fundamental que se establezca un marco de comunicación más fluido entre el gobierno, las empresas y la ciudadanía para prevenir que los conflictos escalen a niveles incontrolables. Además, las recientes declaraciones del ministro Quero han generado un clima de desconfianza y oposición, lo que ha llevado a la Defensoría a exigir su destitución. Este tipo de situaciones no solo afectan la credibilidad del gobierno, sino que también pueden dificultar los esfuerzos por resolver los conflictos existentes. La presión sobre el Ejecutivo para que tome medidas más efectivas y sensatas es más urgente que nunca. En conclusión, la situación de los conflictos sociales en el país es crítica y requiere una atención inmediata por parte de las autoridades. La Defensoría del Pueblo, en su papel de mediador y defensor de los derechos humanos, debe ser respaldada en su labor para garantizar que los conflictos se resuelvan de manera justa y pacífica. La inversión en diálogo, la atención a las demandas ciudadanas y la promoción de políticas inclusivas son pasos necesarios para construir un país más cohesionado y en paz.